Alcalde encendió las alarmas sobre imposibilidad del sistema judicial para dictar sentencia. En 90 días se vencen los términos para mantener la reclusión, y antes de septiembre no se adelantaría la audiencia por la congestión de procesos que se presenta en la ciudad.
El alcalde de la Zipaquirá, Jorge Enrique González, expresó su preocupación por la suerte de las personas que habrían disparado contra el menor Brahiman Yarley Velásquez, y que podrían quedar en libertad en tres meses por el estancamiento de procesos que se presenta en el juzgado del circuito responsable del caso.
El mandatario zipaquireño alertó sobre la situación al terminar un Consejo Extraordinario de Seguridad, al que citó en su Despacho a miembros de la fuerza pública, del ICBF, del Ministerio Público y del aparato judicial de la ciudad.
El juez del circuito encargado de adelantar este proceso afirmó durante la reunión, que está atendiendo un promedio de 18 audiencias diarias, y que la programación de las mismas está copada hasta el mes de septiembre. La ley establece que los jueces no pueden mantener una detención preventiva a los sindicados por más de 90 días, sin llevarlos a la audiencia.
Según la información de testigos, en hechos sucedidos en plena vía pública, Leonardo Bohórquez Cristancho, acompañado de su primo Giovanny Amaya Cristancho, habría disparado en repetidas ocasiones contra la humanidad de José Alvarado, causándole la muerte a él, y al menor de 5 años que desafortunadamente se encontraba comiendo un helado en ese lugar. Las dos personas se dieron a la fuga, y fueron capturadas después de enfrentarse a la fuerza pública, y amenazarlos con hacer explotar un cilindro de gas.
Para el Alcalde, “sería inaceptable e injusto que unas personas implicadas en un hecho que deja como saldo dos muertes, entre ellas la de un niño inocente, quedaran en libertad”.
“Tenemos datos que resultan vergonzosos, según nos informó el director de la cárcel, como que en lo corrido de este año 43 personas han sido puestas en libertad por vencimiento de términos”, señaló el Alcalde González. También expresó su preocupación por varios casos de alta sensibilidad social, en los que muy seguramente se presentará la misma situación.
En pocos días vencerán los términos de otros procesos donde también se ha visto vulnerada la seguridad de menores de edad, y los presuntos victimarios podrían ser dejados en libertad.
“Esto se ha convertido en un clamor de la ciudad, que ya hemos expresado al Gobierno Nacional. El sistema judicial de Zipaquirá está absolutamente colapsado por falta de más jueces”, añadió el mandatario. Así mismo señaló que el trabajo de la Policía se está viendo frustrado en repetidas ocasiones pues, a pesar de realizar capturas, no se logran concluir procesos de judicialización con prontitud. Mientras en municipios como Soacha, dos juzgados penales manejan alrededor de 400 procesos, en Zipaquirá uno sólo es responsable por más de 500, según informaron los jueces y fiscales de la ciudad.
De ser necesario, el mandatario zipaquireño convocaría a la ciudadanía a una marcha exigiendo al Consejo Superior de la Judicatura una pronta solución a esta problemática que se viene presentando.
